Fallas, lunares, orejas
Por: Héctor Abad Faciolince
La revista Semana, en su edición virtual, señala que el presidente Uribe les dio “otro jalón de orejas a los militares”. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, habló de “lunares” que no manchan por entero a la institución militar. Y el ministro de Justicia, Fabio Valencia Cossio, declaró que hubo “fallas cometidas por algunos miembros de la Fuerza Pública”.
“Fallas, jalón de orejas, lunares”, esas son las expresiones que se usan. Tengan en cuenta que, en los tres casos, estamos hablando de crímenes atroces, es decir, de la desaparición, y posterior asesinato, de algunos jóvenes inocentes de Soacha y otras poblaciones o barrios pobres del país. Pero el lenguaje que emplean para comentar el castigo a semejantes crímenes, es el mismo que usaríamos para reprender, casi con simpatía, la indisciplina o las picardías de un grupo de niños en la escuela: jalarle las orejas por sus fallas a uno de los lunares de la clase.
Naturalmente la purga de 27 oficiales y suboficiales es mucho más que un “jalón de orejas”, es una echada del colegio. Pero aunque la medida le dé una buena señal al Ejército, es insuficiente. Ante todo, no sabemos si todos los oficiales destituidos están implicados en esta masacre de jóvenes, o si entre ellos se aprovecha la ocasión para sacar oficiales por otros motivos inconfesables; se debería decir con claridad cuáles de estos militares, y en qué medida, están involucrados en el plan macabro (estilo neo-nazi) de “limpiar” los barrios de drogadictos, homosexuales, retrasados mentales o simples inconformes, mediante la carambola a dos bandas de engañarlos, alejarlos del sitio, y luego presentarlos como subversivos muertos en combate.
Esto es atroz y no se resuelve con una simple destitución de militares. Habría que revelar la verdad completa de los llamados “falsos positivos” (otro eufemismo del lenguaje para no hablar de terrorismo estatal), pedirle perdón a todo el país, y reparar a las víctimas (y cuanto antes, no dentro de quince años cuando lo ordene la Comisión de Derechos Humanos de la OEA). Está bien que Uribe, al fin, les hable duro a los militares, la institución más mimada y mejor financiada durante sus dos gobiernos, y que destituya a unos cuantos.
Pero debería al mismo tiempo, como señalaba Rodrigo Uprimny en estas mismas páginas, comprometerse también con el apoyo al proyecto de ley que busca dar reparación a las víctimas de los agentes del Estado. Es imperdonable que el Gobierno se oponga a una medida que es obvia en un país donde muchas veces ha sido el Ejército (en alianza con los grupos paramilitares, o con los narcos) el que ha cometido actos de una sevicia inaceptable contra la población civil.
Cuando salieron a relucir los falsos positivos de Soacha, el Gobierno quiso tapar el escándalo inflando en los medios el crimen de un niño secuestrado y asesinado por su padre. Antes, cuando el Polo citó al ministro Santos para un debate sobre el premio a los militares por matar falsos subversivos, hace años, se dijo que esas denuncias no eran más que calumnias de la oposición. Ahora resulta que no lo eran; las calumnias acabaron siendo verdades, y los falsos positivos deberían tener otro nombre: crímenes atroces más que homicidios simples. Ahora todos los ciudadanos tendremos que responder, con los impuestos, para pagar millonarias y justas indemnizaciones a las víctimas. Ojalá los militares implicados participen también con su patrimonio. Y ojalá estas destituciones no se queden en mera propaganda, “jalones de orejas, fallas menores y pequeños lunares” de una institución intocable y ejemplar.
