lao pinchasos de das

Al tiempo que la Fiscalía mantiene su silencio respecto a las investigaciones por las presuntas ‘chuzadas’ y seguimientos del DAS a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la controversia continuó agitada en los círculos políticos y en los medios de comunicación, esta vez animada por una declaración de la Casa de Nariño, según la cual en ningún momento hubo instrucciones de la Presidencia para realizar seguimientos ilegales a políticos, magistrados y periodistas.

Además de un comunicado de cinco puntos en el que sostiene que entregó información sobre el empresario Ascencio Reyes a petición de los periodistas que querían saber las razones de su presencia en la Casa de Nariño y sus supuestas relaciones con un narcotraficante, también avaló el contenido de apartes del interrogatorio del ex jefe de contrainteligencia Jorge Alberto Lagos, según el cual lo que se hizo en el DAS fue verificar las averiguaciones sobre Reyes, pero no hubo órdenes contra los magistrados.

El documento citado por la Presidencia, divulgado por los medios de comunicación, expresa que en noviembre de 2007 Lagos fue requerido por la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado, para que averiguara sobre el viaje de unos magistrados con Ascencio Reyes a Neiva. Según Lagos, por instrucción de Hurtado, él fue a Palacio a revelar el resultado de sus averiguaciones, lo hizo en la oficina de César Mauricio Velásquez, y el asesor José Obdulio Gaviria también estuvo presente.

Lagos reveló en su interrogatorio que, entre el 23 y el 25 de abril, regresó a Palacio esta vez con el director de inteligencia Fernando Tabárez, se reunieron con el secretario general Bernardo Moreno y que estuvieron Jorge Mario Eastman y José Obdulio Gaviria. La razón de la reunión fue buscar una fotografía de Ascencio Reyes, quien al parecer había estado en la posesión del fiscal general Mario Iguarán. Según Lagos, fueron sus dos únicas visitas a la Casa de Nariño.

En el resto de la declaración, Lagos admite que pidió información a la UIAF sobre el tema del viaje a Neiva, que sólo elaboró un oficio, y que el director del organismo, Mario Aranguren, manifestó que no le enviaran más requerimientos y que él los iba a enviar directamente. Además que la UIAF fue la que bautizó la operación como “El Caso Paseo” y que siempre tuvo la sensación de que se envió más información que la solicitada, pero que se hizo a la entonces directora del DAS María del Pilar Hurtado.

Respecto a estas declaraciones, según lo informó El Espectador, en su edición del pasado domingo, la petición a la UIAF por parte del subdirector de inteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, se hizo el 22 de abril de 2008 y la respuesta de la UIAF quedó fechada el 24 de abril. El documento referenció 111 folios, en el que no sólo quedó registrada la información sobre el viaje de los magistrados al Huila, sino información acerca de los movimientos financieros de los allegados de Ascencio Reyes.

No obstante, este diario verificó que el subdirector de inteligencia en 2008 solicitó otros requerimientos a la UIAF. Por ejemplo, en el mismo mes de abril pidió toda la información existente en UIAF de Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, y en mayo lo hizo sobre la senadora Piedad Córdoba. De estas peticiones existen cartas remisorias firmadas por Mario Aranguren para María del Pilar Hurtado. Asimismo, existe documentación sobre personas cercanas al empresario Ascencio Reyes.

Mientras persiste el contrapunteo sobre las ‘chuzadas’ del DAS y la revelación de documentos en torno al caso, este lunes el propio director del DAS, Felipe Muñoz, entregó a la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, María Mercedes López, un informe parcial sobre el estado de las investigaciones que el organismo estaba adelantando acerca de las interceptaciones ilegales, el cual será evaluado en el tema que interesa a los magistrados de los altos tribunales.

buenas... miren sinseramente mi comentario sobre el tema de las enfermedades que se han vino antes y se descubrieron hoy en dia en muy corta y sustanciosa. Lo que pienso sobre la forma de robar ala gente ah estado mejorando cada dia mas pero siempre han abido personas que son intelegentes que han dscubierto el fraude, pero como siempre las personas quieren tapar el sol con los un dedo hacen todo para que no se vea su manejo, y empiezan ha formar polemica sobre la persona que dscubrio su fraude, y como son muhos los implicados, tienem mas poder para deja como papel higienico ala persona que intenten tumbarles el "negocio".

hector abad

1 Nov 2008 - 10:00 pm

Fallas, lunares, orejas

Por: Héctor Abad Faciolince

LAS PALABRAS QUE ESCOGEMOS PARA hablar sobre cualquier asunto no son neutras ni son siempre inocentes. Al usar una expresión en vez de otra, lo que estamos revelando es una actitud mental, bien sea de censura, de complacencia, o bien, como en el caso que voy a analizar, un intento por disminuir y casi minimizar la gravedad de los hechos.

La revista Semana, en su edición virtual, señala que el presidente Uribe les dio “otro jalón de orejas a los militares”. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, habló de “lunares” que no manchan por entero a la institución militar. Y el ministro de Justicia, Fabio Valencia Cossio, declaró que hubo “fallas cometidas por algunos miembros de la Fuerza Pública”.

“Fallas, jalón de orejas, lunares”, esas son las expresiones que se usan. Tengan en cuenta que, en los tres casos, estamos hablando de crímenes atroces, es decir, de la desaparición, y posterior asesinato, de algunos jóvenes inocentes de Soacha y otras poblaciones o barrios pobres del país. Pero el lenguaje que emplean para comentar el castigo a semejantes crímenes, es el mismo que usaríamos para reprender, casi con simpatía, la indisciplina o las picardías de un grupo de niños en la escuela: jalarle las orejas por sus fallas a uno de los lunares de la clase.

Naturalmente la purga de 27 oficiales y suboficiales es mucho más que un “jalón de orejas”, es una echada del colegio. Pero aunque la medida le dé una buena señal al Ejército, es insuficiente. Ante todo, no sabemos si todos los oficiales destituidos están implicados en esta masacre de jóvenes, o si entre ellos se aprovecha la ocasión para sacar oficiales por otros motivos inconfesables; se debería decir con claridad cuáles de estos militares, y en qué medida, están involucrados en el plan macabro (estilo neo-nazi) de “limpiar” los barrios de drogadictos, homosexuales, retrasados mentales o simples inconformes, mediante la carambola a dos bandas de engañarlos, alejarlos del sitio, y luego presentarlos como subversivos muertos en combate.

Esto es atroz y no se resuelve con una simple destitución de militares. Habría que revelar la verdad completa de los llamados “falsos positivos” (otro eufemismo del lenguaje para no hablar de terrorismo estatal), pedirle perdón a todo el país, y reparar a las víctimas (y cuanto antes, no dentro de quince años cuando lo ordene la Comisión de Derechos Humanos de la OEA). Está bien que Uribe, al fin, les hable duro a los militares, la institución más mimada y mejor financiada durante sus dos gobiernos, y que destituya a unos cuantos.

Pero debería al mismo tiempo, como señalaba Rodrigo Uprimny en estas mismas páginas, comprometerse también con el apoyo al proyecto de ley que busca dar reparación a las víctimas de los agentes del Estado. Es imperdonable que el Gobierno se oponga a una medida que es obvia en un país donde muchas veces ha sido el Ejército (en alianza con los grupos paramilitares, o con los narcos) el que ha cometido actos de una sevicia inaceptable contra la población civil.

Cuando salieron a relucir los falsos positivos de Soacha, el Gobierno quiso tapar el escándalo inflando en los medios el crimen de un niño secuestrado y asesinado por su padre. Antes, cuando el Polo citó al ministro Santos para un debate sobre el premio a los militares por matar falsos subversivos, hace años, se dijo que esas denuncias no eran más que calumnias de la oposición. Ahora resulta que no lo eran; las calumnias acabaron siendo verdades, y los falsos positivos deberían tener otro nombre: crímenes atroces más que homicidios simples. Ahora todos los ciudadanos tendremos que responder, con los impuestos, para pagar millonarias y justas indemnizaciones a las víctimas. Ojalá los militares implicados participen también con su patrimonio. Y ojalá estas destituciones no se queden en mera propaganda, “jalones de orejas, fallas menores y pequeños lunares” de una institución intocable y ejemplar.

oasis:gonzalo gallo

Por: Gonzalo Gallo.
Oasis
Noviembre 21 de 2008

Los que no pueden escribir en un periódico le trasmiten a uno inquietudes que a veces conviene compartir:

- ¿Qué cambios radicales haría el Gobierno si uno de tantos falsos positivos del pueblo fuera hijo del Presidente o de un ministro?

- Diciendo "perdonen que tardamos", ¿el Gobierno le devuelve la vida a tres muertos y la plata a millares de pobres ahorradores?

- ¿Hará algo este Gobierno tan amigo de los banqueros para que éstos no ganen billones mientras abusan de sus clientes?

- ¿Por qué surgen en pocos días tantas pruebas contra DMG que no aparecieron en años?

- ¿Por qué el Superintendente cae solito como chivo expiatorio y los que mandan más siguen tan frescos?

- Como bien dicen economistas serios, ¿por qué el Gobierno se la gastó toda en épocas de vacas gordas?

Nadie niega las cosas buenas, pero persisten la corrupción, un gran hueco social y politiquería como nunca.

profesor gustavo duncan

Gota a gota
Octubre 23 de 2008

La semana pasada un reportaje de la Revista Cambio reveló la dimensión del mercado de crédito informal en Colombia: ocho de cada diez créditos son informales. Nada más indicativo de la realidad nacional que un problema que expresa tanto las falencias de la economía formal para incluir a toda la población dentro de un capitalismo democrático como los problemas de valores y conductas de los colombianos.

Puede que en términos de volumen total de recursos del sector financiero, los créditos informales no constituyan una porción tan alta de la asignación de préstamos. Pero el hecho de que el mayor número de transacciones crediticias no sean producto de instituciones financieras reguladas por el Estado, es una advertencia que la economía formal del país presenta graves fallas en cuanto a su democratización. El crédito, una de las partes fundamentales del capitalismo moderno, es un servicio de lujo.

En teoría una banca democrática cumple la función de captar los ahorros de la sociedad para que su clase empresarial pueda financiar la producción económica. A cambio de utilizar esos recursos los empresarios pagan unos intereses que incluyen las pérdidas de los préstamos no recuperados. Una banca eficiente debe evitar los préstamos a empresarios que no estén en condiciones de pagar porque encarece el crédito a quienes sí están comprometidos en ampliar el sector productivo nacional.

La decisión de no pagar un crédito puede obedecer a que el empresario simplemente no tiene cómo hacerlo -por quiebra o iliquidez- o a que por razones éticas decide no cumplir sus deudas. Los bancos deben entonces identificar las probabilidades de pago de los empresarios para evitar que la plata de los ahorradores se diluya. Existen tres mecanismos básicos para garantizar que los clientes cumplan sus compromisos: activos físicos, fiadores e historial crediticio.

El problema en Colombia es que un 80% de los clientes de préstamos no cuentan ni con activos ni con fiadores ni con historial de crédito para acceder a la banca formal. Deben buscar créditos en el sector informal que cuenta con otro mecanismo para garantizar los pagos: la disuasión armada. La violencia se convierte así en un medio alternativo para lograr que los potenciales clientes acudan al sistema sólo cuando están seguros de poder pagar, y de paso, evitan que muchos individuos pobres de ética decidan eludir sus compromisos crediticios. En otras palabras, el sistema bancario informal es un caso más donde la violencia se convierte en un mecanismo efectivo de regulación económica para aquella población que no puede ser atendida por el sector formal debido a sus barreras estructurales (falta de activos, conocimientos de las transacciones, etc).

Lo más grave es que la mayoría de esos clientes son capaces de pagar las tasas de usura del sector informal. Los famosos sistemas de ‘gota a gota’, pese a su brutalidad e infamia, cumplen una función importante al permitir a muchos empresarios de bajos recursos y nula liquidez sobrevivir en medio de riesgosas transacciones. Sin importar los problemas de estos sistemas económicos los individuos cumplen sus obligaciones.

La gran pregunta es: ¿cumplirían estos mismos individuos sus obligaciones si no existiera una amenaza violenta? Si fuera así los bancos no tendrían mayores problemas para atenderlos. Quizá este ejemplo sea una advertencia de los problemas éticos que afronta la sociedad colombiana y que deberíamos reconocer si quisiéramos en verdad modernizar nuestra sociedad.